Desplazados de San Gabriel presentaron derecho de petición a la Alcaldía

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from Instituto Popular de Capacitación
Published on 16 Mar 2014 View Original

A través de un derecho de petición, las familias desplazadas del sector San Gabriel, vereda La Loma del corregimiento San Cristóbal de Medellín, le pidieron a la Alcaldía y la unidad municipal de víctimas mejores condiciones para posibilitar su retorno y atender su situación. Consideran que hasta ahora no están dadas las garantías para regresar y que requieren más acompañamiento. Además piden un Comité de Verificación.

Para poder retornar las familias piden mayor seguridad en San Gabriel; la inclusión de tres menores de edad en el Registro Único de Víctimas; el reconocimiento de dos familias como víctimas del desplazamiento masivo; y la entrega de subsidios especiales de arriendo, por parte de la Alcaldía, dado que la ayuda humanitaria es de carácter trimestral.

Adicional a esto, solicitan la conformación de una Comisión de Verificación integrada por voceros de las familias desplazadas, autoridades municipales, Ministerio Público, ICBF, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y tres organizaciones de derechos humanos de la ciudad: la Corporación para la Paz y el Desarrollo (Corpades), la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

El propósito de la comisión sería analizar las condiciones del posible retorno o, en caso contrario, sugerir una propuesta alternativa. Así mismo, construir una agenda de reparación integral con una ruta metodológica diferenciada y bajo un enfoque diferencial.

La reunión de las familias con las autoridades y las organizaciones que harían parte de esta comisión, está programada para el martes 18 de marzo a las 4:00 p.m.

Seguridad, el principal temor

Según pudo establecer la Agencia de Prensa del IPC, uno de los principales temores de las 20 familias que aún no han podido retornar a San Gabriel, sería la presencia y el control territorial que al parecer continua ejerciendo en la zona el combo Bellavista, grupo armado ilegal que generó el desplazamiento masivo el pasado 15 de mayo de 2013.

Del lugar se desplazaron 22 familias, compuestas por 78 personas, de las cuales 21 son niños y niñas–dos con discapacidad cognitiva-; 19 son jóvenes; 34 son adultos y 4 son adultos mayores, según el derecho de petición presentado a la Alcaldía. A la fecha solo dos familias han retornado, mientras las otras 20 ajustan ya diez meses fuera de sus viviendas.

La situación en San Gabriel se originó debido a amenazas del combo Bellavista contra habitantes del sector y a varios homicidios selectivos, entre ellos el asesinato de un joven el viernes 10 de mayo de 2013, agresión que habría desencadenado el desplazamiento masivo.

Los ataques del combo Bellavista hacia la comunidad se habrían originado en medio de una disputa de esa organización criminal con La Oficina, por el control territorial, el micro-tráfico y las rentas ilegales. Situación que ya había afectado al sector El Cañón, vereda La Loma, donde el 7 de mayo se desplazaron 79 familias por amenazas de dicha banda. Cuesta abajo salieron los desplazados de La Loma

Un mes después del éxodo masivo, el 19 de junio de 2013, se conoció que la Policía había capturado a 15 personas como presuntos responsables del desplazamiento. Entre los detenidos había dos cabecillas de la banda y un subintendente de policía quien fue comandante en la zona. Capturados presuntos responsables de desplazamientos en San Cristóbal

Pese a estas capturas, un habitante del sector, quien pidió proteger su identidad, relató que el grupo armado ilegal sigue ejerciendo el control territorial. “Es imposible decir que van a capturar al 100% de la banda. Se capturan unos pero ellos dejan a otros y compran niños por 3 ó 4 pesos para que recorran el sector y les lleven información.”

A través de caminos de desecho, el combo Bellavista estaría burlando los puestos de vigilancia del ejército y la policía, ubicados en la carrera 43 y en la 108, respectivamente, para llegar hasta el sector de San Gabriel e incluso para bajar hasta La Loma.

“Se escuchó la noticia de que arriba de Bellavista bajan a El Hueco y El Cañón… bajan a La Guarita, y no los cogen que porque no tienen armas. Vivimos con temor de que ya se van a bajar”, relató el habitante.

Justamente, uno de los compromisos de la Alcaldía fue mejorar la seguridad con un puesto de vigilancia permanente en la zona, sin embargo esta persona afirma que la vigilancia prestada no cumple con las necesidades del sector.

“Solo hay dos policías –vigilando- en San Gabriel. Hace días pidieron refuerzos y vinieron otros policías pero solo estuvieron por dos semanas y se fueron. Y el ejército permanece arriba, en la 43, pero también lo necesitamos abajo.”

Para regresar, concluyó este ciudadano, “las familias desplazadas necesitan la seguridad y los que estamos en el barrio también la necesitamos.”

Faltan más garantías

De acuerdo con el derecho de petición de las familias desplazadas de San Gabriel, tras el desplazamiento, la Alcaldía de Medellín adquirió cuatro compromisos básicos: 1. Garantizar seguridad permanente en el sector con integrantes de la fuerza pública con el ánimo de posibilitar el retorno 2. Brindar acompañamiento psicosocial 3. Acompañamiento jurídico y protección de los bienes y las viviendas 4. Inversión social en el sector como infraestructura deportiva, redes de alcantarillado y mejoramientos de vivienda.

Hasta ahora las familias han recibido una ayuda humanitaria cada tres meses, la cantidad de dinero depende del núcleo familiar y la suma oscila entre los $640.000 y $1’155.000. Sin embargo, según el derecho de petición, esos auxilios han ido disminuyendo paulatinamente con el agravante de que habría dos familias excluidas de las ayudas.

En seguridad afirman que no se ha cumplido la promesa “de mantener presencia permanente de integrantes de la policía e incluso de montar un CAI.” Y, ante la presencia de los actores armados, señalan que no hay garantías de no repetición.

Con relación a las viviendas las familias describen que algunas se encuentran el mal estado, debido al abandono, que el valor de los arriendos se ha devaluado y que han ocurrido robos y daños en algunas de las casas, pese a las medidas de protección de las autoridades.

Sin embargo, en medio de estas dificultades, las familias afectadas destacan el buen acompañamiento y la pertinente gestión de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, en cabeza de su directora Luz Patricia Correa, así como de la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía; y sostienen que quieren y están dispuestas a retornar a su territorio, pero para hacerlo necesitan garantías plenas.