RECOMENDACIONES A LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA
En las últimas Declaraciones de la Presidencia de la UE relativas a Colombia no se ha condenado el desplazamiento forzado de población, que afecta anualmente a cientos de miles de personas. El desplazamiento forzado incrementa la pobreza y exclusión en los cinturones urbanos y colapsa los servicios públicos, entre ellos el sistema de salud. Es imprescindible el cumplimiento íntegro de la Ley de desplazados y que la UE garantice que los fondos que aporta a Colombia, en ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo, llegan efectivamente a la población desplazada, vulnerable y víctima del conflicto armado. MSF trabaja desde 1985 en Colombia en proyectos de salud urbana con población desplazada y vulnerable, salud rural en comunidades afectadas por el conflicto y emergencias epidemiológicas y naturales.

Introducción

El desplazamiento forzado es un fenómeno creciente en Colombia. Cada año cientos de miles de personas, mayoritariamente campesinos, son expulsadas de sus tierras por motivos que van desde el control territorial de áreas estratégicas, en el marco del conflicto armado, a intereses económicos por el control de cultivos ilícitos y otros recursos. El Gobierno colombiano calcula que en el año 2001 fueron expulsadas más de 190.000 personas, cifra que otras fuentes elevan a 340.000, y suman más de dos millones en los últimos quince años.

Cada vez son más las regiones y personas afectadas y esto está provocando efectos devastadores sobre el tejido social y la situación humanitaria, agravando la pobreza y la exclusión de gran parte de la población. Es necesario recordar a todos los actores que participan en el conflicto colombiano la necesidad de renunciar a la violencia indiscriminada y el énfasis en el diálogo político, el respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Cada vez más desterrados

El desplazamiento suele estar asociado a combates, masacres, amenazas y otras prácticas violentas dirigidas a la población civil y en él participan, en mayor o menor medida, todos los actores armados (incluidas las Fuerzas Armadas estatales). La motivación de los responsables varía dependiendo de las regiones y de sus intereses y alianzas en cada una de ellas.

Sólo en ocasiones es una consecuencia directa de la guerra como tal o "la violencia". Detrás hay fuertes intereses económicos y políticos que lo convierten en una estrategia económica, de homogeneización social y de ampliación de la gran propiedad. Se provocan desplazamientos para controlar áreas estratégicas desde un punto de vista político (en regiones donde se pretende desarticular la base social, real o supuesta, del adversario) o militar (control de corredores y zonas estratégicas), pero también por el control de la tierra y los recursos. Hay desplazamientos ligados a la expansión de las explotaciones de ganadería extensiva o de monocultivos agrícolas para exportación; donde hay una perspectiva de megaproyectos o de inversiones extranjeras que cambian el valor relativo de la tierra; en zonas de extracción de recursos naturales o energéticos (petróleo en los territorios U'wa, presas hidroeléctricas en el Chocó), o por el control o la lucha contra los cultivos ilícitos.

La mayoría de los desplazados son campesinos pobres, minorías étnicas (poblaciones negras e indígenas), mujeres y niños. Es un fenómeno silencioso, cotidiano, que se produce de familia en familia y en sucesivos avances, retornos o estabilizaciones que pueden durar años. Muchos no declaran que son desplazados, por la estigmatización que sufren y porque esto puede suponer una nueva amenaza para su seguridad.

Efectos devastadores en la situación humanitaria y el tejido social

Los campesinos abandonan la tierra o deben venderla a precios muy bajos y esto está provocando una violenta recomposición de las estructuras de tenencia de la tierra. En la última década se abandonaron 1,7 millones de hectáreas de tierras agrícolas y la concentración de la propiedad está aumentando.

Al mismo tiempo, se produce un crecimiento incontrolado de los cinturones de las grandes ciudades. La pobreza y la exclusión aumentan y los escasos servicios públicos se colapsan, ya que no pueden hacer frente a la continua llegada de nueva población. Varios millones de colombianos están excluidos por ley del sistema de salud; a ellos van a sumarse los desplazados que no consiguen acceder al sistema de ayuda estatal y, por tanto, quedan sin ningún tipo de cobertura.

Médicos Sin Fronteras trabaja en Colombia en proyectos de salud urbana con población vulnerable y víctimas de desplazamientos forzados, salud rural en comunidades aisladas por el conflicto armado, epidemias y desastres naturales. Uno de los proyectos se lleva a cabo en Altos de Cazuca (un barrio de invasión en Soacha, municipio aledaño a Bogotá), donde se mantienen tres centros de salud centrados en atención primaria, formación, participación comunitaria y apoyo a la restauración de los derechos en salud.

Según una encuesta realizada en esta zona en junio de 2001, sólo un 2,5% de los que se declaraban desplazados había logrado entrar en el registro oficial. Más de un 70% de ellos no estaba afiliado a ningún régimen sanitario. La desnutrición crónica en niños menores de 5 años es del 25% y sube al 32% entre los desplazados, frente a una media del país que ronda el 13%.

"Estudios del PMA y de MSF indican graves índices de malnutrición, particularmente entre las familias con mujeres jefas de hogar. Es impensable que después de 3 meses todas las familias desplazadas, en su mayoría campesinos que llegan a áreas urbanas, puedan autosustentarse". Mary Robinson Informe Anual 2001: Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia. E/CN.4/2002/17, 13 de marzo de 2002.

Una respuesta insuficiente

El problema no se aborda con una perspectiva integral sino con medidas asistencialistas muy restrictivas. El sistema presenta retrasos burocráticos y descoordinación institucional. Existen todas las normas y disposiciones necesarias para dar solución al problema (la Ley 387/1997, o "ley de desplazados", es el principal instrumento) 1 pero faltan recursos, formación y sensibilización de muchos funcionarios, que mantienen una percepción negativa hacia los desplazados. El proceso de registro - imprescindible para acceder a la ayuda de emergencia estatal y a los beneficios en salud - puede tardar desde unos pocos meses hasta años y sólo llega a incluirse una mínima parte de los casos.

Varios organismos de Naciones Unidas han criticado en repetidas ocasiones las insuficientes medidas adoptadas por el Gobierno colombiano para hacer frente a esta situación. Es necesaria una mayor presión para la aplicación íntegra de la Ley de desplazados en todos sus aspectos - que incluyen prevención, asistencia humanitaria, protección, consolidación y estabilización socioeconómica -, información sobre derechos, eliminación de trabas burocráticas y dotación presupuestaria adecuada y suficiente.

La Unión Europea y el caso colombiano

En las últimas Declaraciones de la Presidencia de la UE relativas a Colombia se hace referencia a los "secuestros, extorsiones y otros crímenes" cometidos por los diversos grupos armados que participan en el conflicto colombiano, pero no se condenan los desplazamientos forzados de población, a pesar de sus gravísimos efectos humanitarios y sociales.

La UE aporta un importante volumen de ayuda a Colombia a través de ECHO, la cooperación y la parte social del Plan Colombia. Esto la coloca en una situación de ventaja a la hora de establecer un diálogo político y una presión al Gobierno colombiano para que garantice la seguridad y bienestar de su población.

La oficina de ECHO en Colombia está financiando, dentro de su programa Global 2001-2002, proyectos a 13 ONG europeas y a ACNUR para la realización de programas con desplazados. Pero esto no es suficiente. La Unión Europea debe condenar esta práctica y reclamar al Gobierno colombiano el cumplimiento de la ley de desplazados en todos sus aspectos: mejora en la atención de emergencia, prevención, protección de la integridad personal, retornos, reasentamiento y /o reintegración.

Por otro lado, la UE se distanció del Plan Colombia y aprobó un Programa Europeo de Apoyo al proceso de paz con un contenido netamente social. Los fondos de cooperación de la UE se dirigen preferentemente a programas sociales, de lucha contra la pobreza y apoyo a poblaciones vulnerables y víctimas de la violencia. Este Programa se concretó en un ofrecimiento de aportaciones de 140 millones de euros, en la Tercera reunión del Grupo de Apoyo al Proceso de Paz en Bruselas, el 30 de abril de 2001.

Esta cooperación al desarrollo de la Comisión Europea se ejecuta, como principal contraparte bilateral y receptora de fondos, con la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, que además de los fondos del programa europeo gestiona otros del Plan Colombia.

La UE debe garantizar que los recursos que destina a estos programas sociales, y específicamente los destinados a programas de salud, llegan a los sectores sociales más desfavorecidos y a la población civil víctima del conflicto. Esto implica criterios de transparencia y control y requiere mecanismos estrictos de seguimiento. Para ello, deben ponerse en marcha mecanismos periódicos de evaluación y hacer públicos los criterios de monitoreo y los resultados de esas evaluaciones.

RECOMENDACIÓN Nº 15 La Alta Comisionada urge al Estado a asumir su responsabilidad de prevenir los desplazamientos, mediante la impostergable implementación de una estrategia de protección de la población civil, compatible con la Constitución y los principios y recomendaciones internacionales. Urge igualmente a combatir eficazmente la impunidad de los responsables de los desplazamientos. Asimismo, insta a las autoridades a aplicar un enfoque diferenciado a los diversos grupos poblacionales, tanto para el registro como la asistencia humanitaria de emergencia y las soluciones duraderas. En este sentido, la Alta Comisionada exhorta a que: a) En el marco de la prevención: i. Se asignen recursos humanos y económicos adecuados para las instituciones encargadas de la prevención de los desplazamientos; ii. Se brinde protección especial a las comunidades indígenas y afrocolombianas con más riesgo, asegurando la presencia permanente de instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo y de acompañantes internacionales, en condiciones que permitan su operatividad. iii. Oriente a la Fuerza Pública sobre la prioridad de la protección a la población y sancione las omisiones en ese sentido. b) En el ámbito del enfoque diferenciado: i. Se incrementen los esfuerzos aplicados a la campaña de información para desplazados. ii. Se asegure el acceso a los programas estatales a través del registro, incluyendo la asistencia humanitaria de emergencia, de conformidad con los Principios Rectores y constitucionales. iii. Se dé prioridad a la opción de retorno voluntario, haciendo un esfuerzo por recrear las condiciones de seguridad y dignidad. De no ser ello posible, se incrementen los esfuerzos para proporcionar, en tiempo razonable, soluciones que garanticen la autosuficiencia, particularmente en el sector urbano, y poniendo énfasis en programas especiales para mujeres jefas de hogar. Mary Robinson Informe Anual 2001: Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia. E/CN.4/2002/17, 13 de marzo de 2002.

Estas cuestiones deberían abordarse en el marco de la Cumbre UE-América Latina que se celebrará en Madrid los días 17 y 18 de mayo de 2002.

Recomendaciones a la Unión Europea - Condenar de forma expresa el desplazamiento forzado de población en Colombia en las declaraciones de la Presidencia referidas a este país y exigir al Gobierno de Colombia el cumplimiento íntegro de la Ley de desplazados (Ley 387/97). - Establecer mecanismos de verificación del destino de la cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria que la UE presta a Colombia, especialmente los fondos destinados a atención en salud a población vulnerable.

Para más información:

Mabel González Bustelo
Teléfono: 34-91-5411375
Fax: 34-91-5420022
E-mail: Mabel_Gonzalez@barcelona.msf.org
Web: www.msf.es (en español)

Notes:

1 Ley 387/1997 de 18 de julio, "por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia".