Colombia: Plan de Respuesta Humanitaria, Enero - Diciembre 2017 (Nov 2016)

PANORAMA DE LA CRISIS

Cerca de 4,9 millones de personas en Colombia necesitan asistencia humanitaria como consecuencia de la violencia, el conflicto armado y los desastres naturales.

La atención humanitaria y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos deben continuar siendo una prioridad en el escenario presente.

Como resultado de las acciones de desescalamiento del conflicto con las FARC-EP, se ha evidenciado una reducción de las acciones armadas que han tenido un impacto positivo en algunos indicadores humanitarios; en especial las relacionadas con el desplazamiento masivo, los ataques a la población civil, y las acciones bélicas.

Sin embargo, la victoria del “no” en el plebiscito por la paz el 2 de octubre de 2016 ha generado un clima de incertidumbre en el país para implementar lo acordado y avanzar con el proceso de dejación de armas y desmovilización de las FARC-EP.

Al mismo tiempo, otros actores como el ELN, el EPL y los grupos armados organizados, y otros grupos armados post-desmovilización continúan representando una amenaza para la protección de civiles en especial para los grupos en mayor situación de riesgos y vulnerabilidad como las mujeres, niñas, niños, adolescentes y grupos étnicos. Las acciones armadas de estos grupos preocupan a los miembros del Equipo Humanitario de País y comprometen la construcción y consolidación de una paz sostenible. El inicio de diálogos públicos con el ELN en octubre de 2016 podría tener un impacto positivo, particularmente en las zonas donde la presencia de este grupo armado ha tenido un mayor impacto en la población.

Sin embargo, mientras no se tomen medidas de desescalamiento del conflicto con este grupo, es posible que se sigan presentando emergencias humanitarias que requieran del apoyo y complementariedad de la comunidad internacional.

En los primeros ocho meses de 2016 se evidencia una disminución significativa en la medición de algunos indicadores del conflicto; no obstante también hay un aumento de otras formas de intimidación y control social, como las amenazas, las restricciones a la movilidad y limitaciones al acceso a bienes y servicios básicos por causas relacionadas con la violencia armada.

Según el monitoreo de OCHA, los eventos de amenazas registraron un incremento del 34 por ciento en los pimeros ocho meses de 2016, frente al mismo periodo del año anterior. Las amenazas son cada vez más utilizadas por los grupos armados y otros actores irregulares para generar zozobra e intimidar a la población. Defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, maestros, niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), funcionarios públicos y organizaciones sociales son por lo general los principales afectados. Los medios más empleados para la amenaza e intimidación son los panfletos, mensajes de texto y correos electrónicos. Se destacan en particular las amenazas contra lideresas y organizaciones de mujeres que algunos analistas han vinculado a la participación e involucramiento de estas organizaciones en los temas de paz, y contra organizaciones y lideres sociales que han apoyado el proceso de paz.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs:

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