Los desplazados siguen siendo la prioridad

No hace mucho tiempo en esta misma revista se escribió un artículo bajo el título "El tierrero de la propiedad rural en Colombia" y se advirtió de ese gran desafío que enfrenta el país: que haya verdad, justicia y reparación para las víctimas.

En otras palabras, que las víctimas, y de manera especial los 2.649.139 desplazados, según cifras del Gobierno, puedan recuperar sus tierras arrebatadas por los grupos armados ilegales; regresen a ellas en condiciones de seguridad y tengan todas las garantías para poder reclamar éstos y otros derechos.

La tierra es el reclamo principal de los desplazados y, por lo tanto, el eje de la reparación integral que debe definirse para ellos. Más si se tiene en cuenta que el primer informe de la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado advirtió que el 73% de los hogares han abandonado bienes y tierras y el 82% no sabe del derecho a la reparación integral.

En algunos casos, como en Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó, la reparación es la restitución de las tierras y por eso los campesinos quieren que se les garantice la seguridad en el retorno a su pueblo y que puedan recuperar sus propiedades. Quienes ya han hecho vida en las ciudades no quieren volver a sus tierras, y lo que piden es la restauración de la situación de vida digna que llevaban, ahora en el nuevo espacio en que habitan.

Igual de importante es establecer las responsabilidades frente a este delito. Por una parte, muchos líderes de población desplazada han sido asesinados en su lucha por hacer valer sus derechos y por la recuperación de sus tierras. La justicia es un imperativo, al igual que la verdad y la reparación para que haya garantías de que las historias de dolor no volverán a repetirse.

En este mismo sentido es importante el reto que enfrenta el Congreso de la República al tener en sus manos una ley sobre víctimas que incluye de forma integral los derechos de la población desplazada.

Desde 1995 el Estado ha establecido un conjunto de instrumentos a través del desarrollo de una política pública enfocada en la prevención del desplazamiento, la protección, la atención a los desplazados y la generación de condiciones para alcanzar soluciones duraderas.

Se han hecho esfuerzos para que el Estado cumpla con lo establecido por la Corte Constitucional y se han tomado decisiones importantes, como el reconocerles a los desplazados su condición de víctimas. Se ha avanzado con los programas de generación de ingresos y de acceso a la vivienda, en la aplicación de un enfoque transversal con el fin de que la atención sea diferencial, más eficiente y coordinada, para que esta población pueda acceder a la justicia y se garantice así la verdad y la reparación. También se han tomado decisiones para garantizar que haya una total transparencia en el manejo de la tierra abandonada por los desplazados.

Pese a los avances, se continúan presentando desplazamientos y un alto número de esta población no ha encontrado aún una solución definitiva a su situación como víctima, que exige una mirada más integral a su problemática y a su condición especial.

Se requieren mayores esfuerzos para que los derechos de la población desplazada puedan ser efectivos, para que los puedan exigir en condiciones de seguridad y para que se establezcan responsabilidades por lo que pasó, haya justicia y se obtenga reparación. Se ha avanzando, pero aún falta por hacer.

-Bruno Moro, Representante Residente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pnud