COLOMBIA: ACCIÓN SOCIAL ADVIERTE QUE NO ES RESPONSABLE DE INDEMNIZAR A LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

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from Government of Colombia
Published on 03 Mar 2010 View Original
- Denuncia que abogados y personas inescrupulosas están, mediante engaño, obteniendo poder de ciudadanos desplazados y congestionando los despachos judiciales con acciones de tutela improcedentes.

- Con promesas falsas a familias en situación de desplazamiento anuncian cuantiosas demandas contra ACCIÓN SOCIAL para obtener indemnizaciones por los daños causados por la violencia.

- Fallos contra la entidad desnaturalización la acción de tutela y afectarían gravemente el presupuesto para la Ayuda Humanitaria de Emergencia, advierte la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

- En carta a jueces y funcionarios del Ministerio P=FAblico en Norte de Santander, ACCIÓN SOCIAL demuestra que esta entidad no es la responsable de indemnizar a las familias en situación de desplazamiento por daños causados por la violencia.

- Invita a crear frente com=FAn para combatir a inescrupulosos que buscan lucrarse a costa de la indefensión de los desplazados.

Bogotá, 3 de marzo de 2010. Las familias que son víctimas del desplazamiento forzado en Colombia están en la mira de abogados e intermediarios inescrupulosos, quienes se aprovechan de la condición de indefensión en que se encuentran, para prometerles demandas por vía de tutelas contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL, con el fin de obtener cuantiosas indemnizaciones para repararlos por los daños ocasionados por el conflicto armado interno.

En varios municipios del Norte de Santander y otras regiones del país inescrupulosos están convocando a las familias en situación de desplazamiento, para que, a título de honorarios por su actuación, les entreguen parte de los recursos que el Estado les da para satisfacer sus necesidades básicas, a cambio de lograr una supuesta reparación por los daños que les ocasionaron sus victimarios. En muchos casos, indican las denuncias, les exigen dinero por anticipado.

Ante esta situación, ACCIÓN SOCIAL envió una comunicación a la Rama Judicial y a los Delegados del Ministerio P=FAblico en el departamento de Norte de Santander, en la que precisa que las personas que han firmado poderes a abogados para que presenten acciones de tutela reclamando de esta entidad indemnizaciones están siendo engañadas, pues no es competencia de esta Agencia Presidencial la de reparar los daños causados por las víctimas a los desplazados.

Explica el documento que ACCIÓN SOCIAL tiene por objeto coordinar, administrar y ejecutar los programas dirigidos a la población pobre y vulnerable así como promover la cooperación nacional e internacional, así como brindar de manera prioritaria, con las demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención a Población Desplazada, SNAIPD, asistencia social a las víctimas del desplazamiento forzado.

Sobre este particular, ACCIÓN SOCIAL señala en la carta enviada a los jueces y funcionarios del Ministerio P=FAblico que "es incuestionable que la atención de las personas puestas en situación de desplazamiento forzado, demanda del Estado un trato sustancialmente preferencial, debido a la multiplicidad de violaciones a derechos fundamentales de las cuales han sido víctimas, y especialmente, debido al grado de vulnerabilidad e indefensión que la misma situación genera. Dentro de dicha dinámica, es apenas natural que se apoye la satisfacción de sus necesidades esenciales hasta tanto puedan asumir su autosostenimiento, así como el acceso a los servicios de salud, educación y vivienda de manera preferente, entre otras".

Sin embargo, aclara que ello no implica que dicha responsabilidad se extienda hasta el deber de indemnizar o reparar directamente los daños generados, pues las víctimas deben ser reparadas o indemnizadas por los causantes o autores de los hechos o en su defecto, por las entidades estatales a las que se encuentran atribuidas estas obligaciones en sus dimensiones de indemnización, restitución, rehabitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición.

Si bien es cierto que la norma que le dio vida a ACCIÓN SOCIAL precept=FAa que esta entidad debe atender a las víctimas de la violencia, también es cierto que a través del Decreto 1290 de 2008 literalmente se estableció que la procedencia y el monto de la indemnización solidaria entregada por el Estado en virtud del principio de solidaridad, es una competencia exclusiva del Comité de Reparaciones Administrativas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Bajo ese argumento, ACCIÓN SOCIAL expresa en su misiva a la misiva la Rama Judicial y al Ministerio P=FAblico, que es claro que la entidad fue relevada de dicha función, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 5 del citado Decreto:

"(?) ARTÍCULO CUATRO. CLASES DE MEDIDAS DE REPARACIÓN ADMINISTRATIVA. Para los efectos del presente programa, el Comité de Reparaciones Administrativas reconocerá y ordenará la ejecución, en cada caso particular, de las siguientes medidas de reparación, que serán de obligatorio cumplimiento por parte de los diferentes organismos del Estado:

a. Indemnización solidaria

b. Restitución

c. Rehabilitación

d. Medidas de satisfacción

e. Garantías de no repetición (?)"

Frente a los montos de la indemnización, de conformidad con los hechos victimizantes se estableció lo siguiente:

"(?) ARTÍCULO CINCO. INDEMNIZACIÓN SOLIDARIA. el Estado reconocerá y pagará directamente a las víctimas, o a los beneficiarios de que trata el presente decreto, a título de indemnización solidaria, de acuerdo con los derechos fundamentales violados, las siguientes sumas de dinero:

=B7 HOMICIDIO, DESAPARICIÓN FORZADA Y SECUESTRO:

Cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales.

=B7 LESIONES PERSONALES Y PSICOLÓGICAS QUE PRODUZCAN INCAPACIDAD PERMANENTE:

Hasta cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales.

=B7 LESIONES PERSONALES Y PSICOLÓGICAS QUE NO CAUSEN INCAPACIDAD PERMANENTE:

Hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales.

=B7 TORTURA:

Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales.

=B7 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL:

Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales.

=B7 RECLUTAMIENTO ILEGAL DE MENORES:

Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales.

=B7 DESPLAZAMIENTO FORZADO:

Hasta veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales

(?)

Parágrafo 5=B0. La indemnización solidaria prevista en el presente artículo para quienes hayan sido víctimas del delito de desplazamiento forzado, se entregará por n=FAcleo familiar, y se reconocerá y pagará a través de FONVIVIENDA, con bolsa preferencial, con la posibilidad de acceder al mismo en cualquier parte del territorio nacional para vivienda nueva o usada, con prioridad en el tiempo frente al programa de interés social, atendiendo por lo menos un cupo anual de treinta mil familias, y se reconocerá a quienes no hubieren sido incluidos en anteriores programas por la misma causa (?)."

Sobre la reparación por vía administrativa es preciso señalar que la persona que desee acceder a este programa debe diligenciar un formulario solicitando el beneficio. Las familias en situación de desplazamiento que estén inscritas en el Registro Único de Población Desplazada no tienen que cumplir con este trámite, pues su información ya reposa en la base de datos de ACCIÓN SOCIAL.

LA TUTELA NO ES EL CAMINO

En su análisis a los jueces y delegados del Ministerio P=FAblico ACCIÓN SOCIAL no sólo concluye que no es la entidad responsable de indemnizar a las familias en situación de desplazamiento por los daños causados por la violencia, sino que también establece que la tutela no es la herramienta judicial para reclamar esta reparación.

Al respecto, explica que reiteradamente la Corte Constitucional ha sentenciado que es improcedente solicitar indemnizaciones interponiendo acciones de tutela, debido a la función preventiva y no indemnizatoria que tiene. También recuerda jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el particular.

Luego de concluir que ACCIÓN SOCIAL no es la entidad responsable de indemnizar a las familias en situación de desplazamiento por los daños causados por la violencia y que la tutela no es el camino judicial para obtener esta reparación, la entidad llamó la atención a jueces y delegados del Ministerio P=FAblico sobre las consecuencias negativas que traería tramitar y fallar estas acciones.

Seg=FAn la comunicación fácilmente podría desnaturalizarse la utilización de la acción de tutela, ya que pasaría de ser un mecanismo tendiente a garantizar la protección de derechos fundamentales vulnerados o puestos en riesgo de la población vulnerable, a convertirse en una acción netamente pecuniaria.

Además, subrayó que estos instrumentos son utilizados por apoderados judiciales que simplemente buscan el lucro personal en detrimento de la satisfacción de necesidades esenciales de sus representados, lo que podría tener como efecto un impacto en la destinación de los recursos de ACCIÓN SOCIAL, que afectaría, por ejemplo, las actividades de atención humanitaria de emergencia.

Voz de alerta que se suma a la ya expresada por la Corte Constitucional en su sentencia T-617 de 2009, en la en uno de sus apartes señala:

"(?) Sobre este aspecto, la Sala considera importante la labor valiosa que llevan a cabo distintas organizaciones, asociaciones y apoderados que buscan apoyar a las personas víctimas de grupos al margen de la ley en la defensa de sus derechos. No obstante, esta Corporación también se ha percatado que, en algunos casos, sujetos inescrupulosos se aprovechan de la condición de indefensión en la que se encuentra la población desplazada, exigiéndoles contraprestaciones para llevar a cabo el trámite de ayudas humanitarias, con lo que se impide que los recursos sean destinados =FAnica y exclusivamente a que reciban en su totalidad por las víctimas de la violencia.

En síntesis, reconocer la calidad de abogado para adelantar el programa de reparación por vía administrativa está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, tales como: (i) los interesados deberán manifestar su intención de que un abogado los represente; (ii) deberán ser individualizados todos y cada uno de los solicitantes; (iii) la entidad a la que se le hace esta observación, deberá explicar todo el trámite para acceder a la reparación por vía administrativa, haciendo énfasis en que el mismo es gratuito y de fácil acceso; (iv) esta asesoría deberá realizarse en un lenguaje claro y sencillo; (v) además, deberá puntualizarse acerca de las entidades que deben brindar información de manera inmediata, clara y precisa acerca de sus derechos, especialmente la Defensoría, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y Acción Social, quienes deben hacer un acompañamiento para que sean efectivamente protegidos; (vi) de todo lo anterior deberá quedar constancia por escrito; (vii) en caso de que los solicitantes insistan en la representación por abogado, no podrá hacerse otra cosa que reconocer dicha actuación. Adicionalmente, (viii) tanto las entidades p=FAblicas como los apoderados y demás personas que intervengan en el trámite para acceder a la reparación administrativa deberán garantizar que sus actuaciones se encuentran guiadas por el principio de gratuidad; (ix) informar a las autoridades disciplinarias competentes cuando existan sospechas de que un abogado que apodere a las víctimas ha obtenido ?clientes aprovechándose de una situación de calamidad que afecte gravemente la libertad de elección," (numeral 7 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007) (?)? (negrilla y subrayado fuera de texto).

De esta manera, ACCIÓN SOCIAL invita a jueces y delegados del Ministerio P=FAblico a hacer un frente com=FAn para combatir a los abogados y personas inescrupulosas que buscan aprovecharse de la condición de indefensión en que se encuentran las familias víctimas del desplazamiento forzado, para lucrarse a costa de ellas.