2017 Humanitarian Needs Overview: Colombia

IMPACTO DE LA CRISIS

Factores subyacentes

En Colombia persisten comunidades con riesgos de protección y necesidades humanitarias como resultado del impacto del conflicto, la violencia armada y los desastres de origen natural.

La constante presencia de grupos armados no estatales y de otros grupos responsables de la violencia armada que se disputan el control territorial y las economías ilegales continúa causando riesgos de protección para la población civil, que generan necesidades humanitarias.

La limitada presencia del Estado en zonas rurales alejadas, los recursos y capacidades limitadas, asi como las limitaciones en el acceso para el registro y la asistencia a la población afectada aumentan las condiciones de vulnerabilidad de la población. Los municipios receptores enfrentan retos para ofrecer oportunidades socio económicas y acceso de la poblacion víctima a bienes y servicios básicos. Los impactos de las crisis que enfrenta el país continúan afectando de manera desproporcional a mujeres y niñas, en particular de grupos afros e indígenas, quiénes se mantienen en una situación de desigualdad social y económica y enfrentan mayores riesgos de protección ante la violencia y explotación sexual.

El cese al fuego unilateral y las medidas de desescalamiento anunciadas en el marco de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, han tenido un impacto positivo en los indicadores humanitarios (ej.disminución del desplazamiento masivo, la violencia letal contra la poblacion civil, y las acciones bélicas). Desde el último cese el fuego unilateral decretado por las FARC-EP el 20 de julio de 2015 y hasta el mes de agosto de 2016, cuando el Gobierno y las FARC-EP acordaron un cese al fuego bilateral y definitivo, se evidencia una caída significativa de las acciones armadas realizadas por este grupo. Sin embargo, la victoria del NO en el plebiscito del 2 de octubre convocado para la ratificación de los Acuerdos de Paz generó un clima de incertidumbre en el país ante la dificultad de implementar lo acordado y avanzar con el proceso de dejación de armas y desmovilización de las FARC-EP.

A esta situación se suma la continuación de acciones por parte de otros grupos armados como el ELN, el EPL y los grupos armados posdesmovilización, que impactan en la población civil causando desplazamiento, restricciones a la movilidady limitaciones de acceso a bienes y servicios básicos, reclutamiento y uso de NNAJ, homicidios selectivos, amenazas, control social y violencia sexual entre otros. El inicio de diálogos públicos con el ELN en octubre de 2016 abre la puerta a un nuevo proceso de paz que podría tener un impacto positivo, particularmente en zonas con mayor presencia de este grupo armado. Sin embargo, mientras no se tomen medidas de desescalamiento del conflicto con este grupo, y el EPL y los grupos armados posdesmovilizacion continúen su expansión y accionar, se seguirán presentando necesidades humanitarias.

Entre enero 2014 y agosto 2016, en promedio 16.000 personas fueron desplazadas cada mes en Colombia. De acuerdo a información de la Unidad para las Víctimas, las bandas criminales (denominados tambien como grupos postdesmovilizacion) y actores desconocidos, diferentes a las guerrillas, son responsables del 53 por ciento de las personas desplazadas en este periodo. La lucha por el control territorial tanto rural como urbano, el interés de otros grupos armados de ocupar zonas tradicionalmente ocupadas por las FARC-EP, así como la disputa por el control de economías ilícitas continúan generando violencia indiscriminada, violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los Derechos Humanos. Se evidencian afectaciones particulares a NNAJ, hombres y mujeres víctimas de reclutamiento y uso, trata de personas y explotación sexual. Las dinámicas de violencia de dichos grupos son un reto en términos humanitarios y de protección tanto para la comunidad internacional como para las autoridades nacionales y locales, que requieren adaptar sus marcos normativos y de respuesta para atender a la población víctima de la violencia de estos grupos armados.

Las restricciones a la movilidad y al acceso a bienes y servicios basicos continúan siendo una de las principales implicaciones humanitarias del conflicto y de la violencia armada. El control social, a traves de las amenazas y la imposición de paros armados, asi como los enfrentamientos entre actores armados y los riesgos que se derivan sobre la poblacion civil, han sido identificadas como las principales causas de restricciones a la movilidad, tanto en contextos urbanos como rurales. Solo en 2016 más de 2.5 millones de personas fueron afectadas por la declaratoria de paros armados del grupo armado posdesmovilización Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y del ELN, que aunque fueron limitados en el tiempo, llegaron a afectar un gran número de personas, intimidando a la población y restringiendo su movilidad y actividades cotidianas. Se destacan en especial durante los paros armados las limitaciones al acceso a la educación, restricciones al paso de misiones médicas, cierre total del comercio y del servicio de transporte, entre otros.

Adicionalmente, los fénomenos climáticos (Niño/ Niña) y las temporadas cíclicas de lluvias y tiempo seco generan eventos relacionados con inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías prolongadas e incendios forestales, afectando particularmente a la población vulnerable en zonas de difícil acceso y con doble afectación como consecuencia del conflicto armado.

Desplazamiento forzado y soluciones duraderas

De acuerdo a datos oficiales, entre 1985 y agosto 2016, 7.1 millones de personas han sido desplazadas en Colombia. Del total de dicha poblacion, el plan de respuesta humanitario se concentra en las cifras de desplazados durante los últimos tres anos: entre enero de 2014 y agosto de 2016, por lo menos 571.883 personas fueron desplazadas según datos de la UARIV, de las cuales el 52 por ciento son mujeres y 43 por ciento menores de 18 años. Los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Cauca y Chocó concentraron el 58 por ciento de la población desplazada. Las comunidades indígenas y afrodescendientes son afectadas desproporcionalmente por el desplazamiento.

Según el monitoreo de OCHA, entre enero 2014 y agosto 2016, las comunidades indígenas y afro representaron el 74 por ciento de la población desplazada en eventos masivos (más de 50 personas o 10 familias en un mismo evento). Entre enero y agosto de 2016, según los datos de OCHA, el ELN ha sido responsable del 52 por ciento del total de la población víctima de desplazamiento masivo, principalmente por enfrentamientos armados con la Fuerza Pública, grupos armados posdesmovilización y otros grupos armados.

Entre los principales retos para la atención a población desplazada están el subregistro de poblacion desplazada, en particular de comunidades indígenas y afrodescendientes, y la falta de acciones de recuperación temprana y soluciones duraderas, especialmente para la población ubicada en zonas periurbanas y, la falta de atención psicosocial especialmente para la población en situación desplazamiento prolongado lo que dificulta la posibilidad y capacidad de las personas desplazadas a construir un nuevo proyecto de vida.A esta situación se suman casos de retornos sin acompañamiento en los cuales persisten necesidades de protección. Si bien es posible que parte de dicha poblacion se haya reubicado en las comunidades receptoras o en lugares diferentes, muchas de ellas todavía no han superado las necesidades asociadas con el desplazamiento y permanecen en situación de vulnerabilidad, en particular población con necesidades especiales como mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad quiénes se ven más limitados en el acceso a oportunidades. Según la Primera Encuesta Nacional de Víctimas llevada a cabo por la Contraloría General de la República en 2013, el 83.3% de la población desplazada entre 1985 y 2013 vive en condiciones de pobreza y el 35.5% en condiciones de indigencia.

La adopción de un marco legal sobre soluciones duraderas es imprescindible para afianzar los procesos que se están iniciando y se puedan iniciar, siempre y cuando existan condiciones para garantizar el retorno y reubicación, y con base en los ocho criterios mínimos para garantizar la integración local.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs:

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